La nueva ley de Garantía de Ingresos contempla un órgano de evaluación independiente

El proyecto en tramitación parlamentaria reduce las gestiones del receptor a una declaración responsable. La nueva ley responde a tres grandes retos. De un lado se incrementan las dotaciones económicas, se facilita toda la gestión a la hora de su petición a través de una declaración responsable y crea un órgano supervisor independiente no ligado a los 4 años de legislatura.

Idoia Mendia, Vicelehendakari y Consejera de Trabajo y Empleo defendía el necesario cambio de la ley porque a pesar del éxito de la política de rentas mínimas que funcionan desde los años 80, porque “en este tiempo han ido creciendo nuevas formas de convivencia, nuevos hogares y nuevas realidades sociales que no estaban previstas y también porque hemos decidido proteger mejor allí donde hay menores o donde hay pensionistas".

Aumento de las dotaciones ampliando el universo de personas al que se quiere llegar. Se presta una mejor atención a las familias con menores, pensionistas, personas que han sufrido violencia de género o trata; los jóvenes menores de 18 años que llegan desde los servicios de protección de menores o situación de orfandad absoluta o jóvenes que emprenden un nuevo proyecto de vida. Lo explicaba el Viceconsejero de Empleo e Inclusión del Gobierno Vasco Alfonso Gurpegui.

La gestión o acceso a la garantía de ingresos se va a facilitar ostensiblemente mediante una declaración responsable realizada en Osalan que evita papeleos con otras administraciones. En esa declaración se debe asegurar que la persona solicitante cumple los requisitos. “Es la primera vez que una renta de garantía de ingresos limita los trámites a esta declaración y al empadronamiento”.   Luego, evidentemente serán comprobados los datos y están previstas sanciones importantes si ha habido una falsa declaración a sabiendas. “La persona puede quedar relegada de la ayuda durante un año. Partimos del principio de confianza en la persona, pero están previstos mecanismos ante casos de falsificación con mala intención en la declaración”.

La nueva ley contempla también una renovación trimestral de la prestación. La cuantía de la ayuda se determina según las circunstancias en el momento de la solicitud (ingresos y unidad convivencial) Aunque variaran las circunstancias en el primer trimestre (como empezar a trabajar, por ejemplo) la prestación se mantiene. Eso sí, se hace un nuevo estudio del caso atendiendo las circunstancias del primer trimestre. 

“Se evitan así innumerables problemas de gestión de los llamados ingresos indebidos, tanto para la administración como para el beneficiario que puede verse en el drama de tener que devolver el dinero en hogares de economía precaria. Se generan derechos para tres meses”. Según afirmaba Alfonso Gurpegui, es un sistema de funcionamiento parecido al francés. Las circunstancias se renuevan cada tres meses excepto en los casos de pobreza sobrevenida en los que se podría actuar.

La tercera apuesta de la nueva ley actualmente en tramitación parlamentaria es la de la inclusión. Inclusión laboral de la que se encarga Lanbide, pero trabajando coordinadamente con los departamentos de los servicios sociales, vivienda y educación. “Una visión de la inclusión con una perspectiva transversal entendiendo que la vertiente laboral no tiene la misma importancia en todas las personas. Hay casos en los que hay que incidir en estadios previos”.

La ley ha creado una herramienta de triaje para que las personas solicitantes y mediante un cuestionario muy básico puedan recibir en un primer momento los servicios más necesarios: los servicios sociales o el sistema de empleo.

El nuevo proyecto de ley incorpora un órgano de evaluación independiente que no estará ligado a ninguna legislatura y que tendrá la potestad de evaluar las peticiones con informes vinculantes para la administración. Un órgano unipersonal que deberá de cumplir una serie de características que serán aprobadas por el parlamento como todo el conjunto de la ley. Será nombrado por el Consejo de Gobierno, pero su vigencia encadenará un par de legislaturas. Es decir, desde la mitad de una hasta la mitad de la siguiente.