Ana Mª González critica la concesión de la custodia a agresores: “Es el resultado final de una justicia patriarcal”

La trabajadora social rechaza el uso del falso síndrome de alienación parental y subraya la necesidad de garantizar una protección de la infancia basada en la evidencia científica

A lo largo de su trayectoria, Ana María González ha centrado su labor como trabajadora social, especialista en Género y Desarrollo y Violencia de Género y en la defensa de los derechos de las mujeres y la infancia. Actualmente, es directora de los Encuentros Estatales sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional y presidenta de la Asociación Mujeres Libres, Mujeres en Paz. El pasado 10 de julio participó como ponente en el Curso de Verano de la EHU “Salud y justicia para las mujeres y las y los niños en los tribunales de familia: sistemas más seguros, políticas de protección y salud humana”, donde abordó la violencia de género institucional y la violencia vicaria en los juzgados españoles.

Con motivo de su participación en los Cursos de Verano, atendió a UIK en una entrevista en la que relata las actitudes patriarcales que suceden en las instituciones y subraya la importancia del sistema de salud como garantía de protección a las víctimas.

¿Qué es la alienación parental y cómo invisibiliza la violencia de género / vicaria?

El Síndrome de Alienación Parental, el SAP, es un constructo que inventó el pseudo psicólogo Richard Garner, pederasta confeso, que consiguió permear todo el modelo y la concepción de lo que según él es la actuación de las mujeres.

En contextos de abuso sexual infantil, cuando las madres denuncian a los progenitores paternos, el Síndrome de Alienación Parental defiende que las madres inventan y coaccionan a los niños, incorporándoles un síndrome por el que estos sienten animadversión hacia los progenitores paternos, es decir, hacia los abusadores. De manera que, cuando una mujer denuncia abusos, ya sea hacia ella o hacia sus hijos e hijas, pueda interpretarse por parte de jueces y juezas que las mujeres son “manipuladoras y mentirosas” y que su intención no es proteger a sus hijos, sino separarlos del padre.

El Síndrome de Alienación Parental es un falso síndrome porque no es un concepto reconocido científicamente y está basado en una visión patriarcal de las mujeres. Este tipo de discursos responsabilizan a las madres que denuncian situaciones de violencia y ponen en duda sus testimonios.

¿Cómo influye su uso en los procesos judiciales y cuál es la situación actual en los juzgados españoles?

La realidad nos dice que en un 89% las mujeres que denuncian abusos hacia sus hijas o hijos acaban sin ellos, sin sus custodias, a veces incluso sin la patria potestad. Es el caso de la campaña que hicimos, “Mamá está castigada”.

“No podemos esperar a una resolución judicial
para ofrecer asistencia sanitaria y psicológica”

Cuando una mujer denuncia una sospecha de abuso, rara vez lo hace de inmediato. Antes necesita asumir que algo tan grave puede estar ocurriendo. Cuando los niños muestran señales o relatan lo sucedido, las madres acuden al pediatra y, si se confirma la sospecha, lo primero que sienten es un profundo horror al descubrir que su expareja o pareja pueda estar abusando de sus hijos. Es monstruoso que niños y niñas que piden ayuda de múltiples maneras no sean escuchados. Ni siquiera se tienen en cuenta vídeos elaborados con objetividad, informes de psicólogas clínicas expertas en abuso sexual infantil o partes de urgencias que documentan hematomas por violencia sexual.

Es la realidad que sigue existiendo en muchos juzgados de nuestro país. La inmensa mayoría continúa actuando bajo estereotipos de género: se sigue poniendo en duda la palabra de las mujeres y se asume que los menores están condicionados por sus madres. Por eso insistimos en acudir a la ciencia y a la salud. Mientras la justicia investiga, las víctimas necesitan atención inmediata. No podemos esperar a una resolución judicial para ofrecer asistencia sanitaria y psicológica a esos niños, niñas y mujeres. Sin embargo, en una parte del sistema judicial español todavía persiste una visión misógina vinculada a estructuras propias de un sistema patriarcal.

¿Cómo es posible obligar a un niño que presenta claros indicadores de violencia, como hacerse pis al ver al presunto maltratador, a mantener el contacto con quien supuestamente le ha hecho daño? Estas decisiones tienen un enorme impacto en la salud mental de las víctimas y una devastación psíquica cuyas consecuencias pagaremos durante mucho tiempo.

¿El 78% de los agresores obtenían una custodia?

Sí. Esto es el resultado de una justicia patriarcal. Una justicia sin perspectiva de género y sin perspectiva de infancia. Si sabes que un niño o su madre son titulares de derechos, entiendes que lo prioritario es la protección. Y si existen informes médicos que avalan esta situación, lo primero es tomar medidas.

Sin embargo, en la judicatura, el “pater familias” tiene mucho peso. Los sesgos de género y los estereotipos existen. La idea de que los hombres, incluso cuando son maltratadores, tienen un derecho prioritario a mantener su papel y ejercer de padres sigue estando muy presente en la sociedad.

Es parte del proceso de socialización diferencial que hace que tú te construyas como hombre, como mujer y con una serie de mandatos y una serie de estereotipos de género. No tiene sentido que los niños y niñas, aunque tengamos una ley tan avanzada como la LOPIVI, todavía no sean ni titulares ni sujetos de derecho.

¿Qué implica situar el sistema de salud como pilar central, qué consecuencias tiene para las víctimas y qué supone entender la salud como eje de la justicia?

Esta nueva propuesta plantea que la salud sea la prioridad y que se perfeccione e invierta en el sistema para que el enfoque de género, de derechos y de infancia pueda permear toda la práctica sanitaria, siempre desde un enfoque biopsicosocial de la salud. Esto permitiría cumplir con un mandato internacional y también con el de nuestras constituciones europeas: reconocer que los niños y las niñas, así como sus madres víctimas de violencias de género, vicaria, institucional o ambas, tienen derecho a la protección. En España, hay alrededor de 1.600.000 niños y niñas que están viviendo en contextos de violencia y no se les está atendiendo en salud. La prioridad tiene que ser la atención sanitaria, porque es un derecho y porque es el sistema más robusto que tenemos.

El modelo que pretendemos es pasar de un sistema que responde al síntoma y que mantiene estructuras descoordinadas, a un modelo en el que sea realmente la salud quien lidere el sistema de protección. Evidentemente, la justicia tiene mucho peso, pero, mientras seguimos haciendo incidencia para un modelo respetuoso con los derechos humanos de las víctimas, tenemos que atender a las víctimas.

Atender en salud es el primer acto de protección de las víctimas y permite que cumplan su derecho a tener vidas, no sin violencia, como debería garantizar el sistema de justicia, pero al menos vidas que puedan ser vividas.

Hay un elemento muy importante: si atendemos la salud y conseguimos que tenga un peso específico para que la justicia pueda apoyarse en todo lo que la salud puede aportar, contamos con una herramienta fundamental. La ciencia y los indicadores de psicólogos y psicólogas clínicas y pediatras nos permiten conocer qué ocurre cuando un niño o una niña sufre violencia o abusos y observar las consecuencias en su desarrollo. Aprovechemos esto porque es un derecho y porque puede facilitar una justicia más restaurativa y equilibrada con los derechos humanos.

¿Son ejemplos de violencia institucional?

La violencia institucional es aquella que, por acción u omisión, puede ejercer cualquier operador institucional dentro de los distintos sistemas: servicios sociales, equipos psicosociales, servicios sanitarios, la judicatura, la fiscalía… Cualquier actuación o falta de actuación que genere un daño y, además, un daño irreversible, permite medir la magnitud de esta violencia institucional. La violencia institucional puede manifestarse en que no te escuchen o en que no se tengan en cuenta los informes médicos que una madre aporta para evidenciar lo que está ocurriendo. No escuchar a la víctima es violencia institucional.

La violencia institucional aparece cuando, bajo el argumento del interés superior del menor, se adoptan decisiones que generan una separación forzosa y un daño irreversible al romper vínculos afectivos esenciales, evidenciando posibles sesgos de género en la judicatura.

¿Cómo se soluciona de cara a esos profesionales judiciales?

Mucha formación y mucha exigencia. Necesitamos avanzar hacia sistemas en los que cualquier profesional que cometa un acto de violencia institucional asuma también una responsabilidad, al igual que cuando un sanitario comete una negligencia, tiene una sentencia condenatoria. Para ello hace falta una formación sistemática y continuada, con referentes que puedan acompañarte en el día a día y ayudarte a incorporar el enfoque de género.

Sin embargo, la formación no es suficiente. Si se incumple la ley o se comete un acto que tiene consecuencias irreversibles para las víctimas, debe existir una respuesta. En mi opinión, sería ideal que se pudiera separar durante 20 años de la profesión a quien comete estos actos. Eso haría que, cuando fueras a trabajar, tuvieras presente la responsabilidad y las consecuencias de tus decisiones.

Aunque, realmente, no podemos señalar únicamente a los profesionales, sino también al sistema en el que están integrados. Hay que abordar tanto la responsabilidad de quienes cometen estos actos como la de un sistema que los permite y no corrige. Los sistemas no avanzan y la sensación que tenemos es que los avances legislativos son un «caramelo dorado» para que las feministas y las políticas públicas permanezcan calladas, mientras el sistema sigue funcionando de la misma manera.

¿Entonces, no se trata solo de legislar, sino también de garantizar que las leyes se apliquen posteriormente?

Aplicar, sancionar y reparar. Esto último es en lo que se falla en muchas ocasiones. Desde Salud, como trabajadora social, debo prevenir, atender, intervenir y coordinarme con mis compañeras y compañeros. El sistema y el Estado tienen que estar preparados para reparar. Sea cual sea la situación, la victima debe tener facilidades para demostrar que lo es y, si algún profesional comete una negligencia, que esta tenga consecuencias.