El coordinador de proyectos penitenciarios de Cruz Roja señala la documentación como la puerta de acceso a la reinserción social de las personas migrantes en prisión

Brais Varela Asturiano es coordinador de los proyectos penitenciarios de Cruz Roja Euskadi, donde desde 2004 trabaja con personas migrantes privadas de libertad, promoviendo su inclusión social y laboral. En el Curso de Verano de la EHU "AUKERAK y la inclusión sociolaboral en las prisiones de Euskadi: modelos, programas y alianzas con el Tercer Sector" participó como ponente en la mesa redonda "Colectivos de difícil inserción: trabajo específico con estos colectivos, oportunidades de inserción y multifactorialidad", en la que compartió su experiencia sobre la intervención con personas migrantes en el ámbito penitenciario.

¿Cuál es el perfil general de las personas con las que trabajáis y cuáles son sus principales retos?

Tenemos un proyecto de atención dirigido a personas migrantes privadas de libertad en los tres centros penitenciarios de Euskadi. Acompañamos a personas que llegan a prisión desde situaciones de exclusión social extrema, donde a menudo se acumulan múltiples factores de vulnerabilidad.

Uno de nuestros principales retos es aprovechar su estancia en el centro penitenciario como una oportunidad para reconstruir, reparar y fortalecer aquellos aspectos personales, sociales y comunitarios que, antes de su ingreso, no habían podido ser atendidos. Trabajamos para reducir esas situaciones de vulnerabilidad y favorecer procesos de inclusión que les permitan afrontar el futuro con mayores recursos y oportunidades.

Muchos de los casos son personas sin hogar, con ausencia de documentación y problemas de adicciones. En colaboración con los trabajadores sociales del centro penitenciario, tratamos de reparar o dar respuesta a estas necesidades, y así cubrir estas vulnerabilidades. Nuestra función es ayudarles a salir en mejor situación para evitar la reincidencia.

“Sufren un doble estigma social como personas migrantes y como personas privadas de libertad”

¿Sufren doble prejuicio las personas migrantes al buscar la reinserción?

Cada persona tendrá su experiencia, pero en principio las personas migrantes que ingresan en prisión se encuentran en una situación diferenciada respecto al resto de la población penitenciaria autóctona. Al ser personas extranjeras, tienen una legislación de extranjería que regula su situación y en la que la estancia en prisión puede influir. Las condenas penales condicionan aspectos como el acceso a un empleo en un posible tercer grado o la inserción laboral, que también están vinculados a la situación administrativa y a la documentación. Al final, la documentación no es solo un documento, es la puerta de acceso a todos los derechos. Desde ahí, tienen una situación diferenciada y más complicada.

Por lo tanto, sí, tras la salida de prisión tienen que afrontar un doble estigma social: como personas migrantes y como personas privadas de libertad.

¿Cuál es el papel que desempeña la Cruz Roja en todo este proceso?

Nosotros desarrollamos un proyecto de los 3 centros penitenciarios avalado y convenido con el Departamento de Justicia y Derechos Humanos. Trabajamos en coordinación directa con los trabajadores sociales del centro penitenciario y nuestro día a día se desarrolla dentro de prisión, junto a los equipos de trabajo social.

Desde el momento del ingreso conocemos a la persona migrante y hacemos una valoración de sus vulnerabilidades de exclusión social previa, así como de la forma en la que esas circunstancias han podido influir en su situación.

A partir de ahí, intentamos abordar sus necesidades sociales y acompañar en un proceso de resocialización para que pueda salir de prisión con más recursos y herramientas y con posibilidades de vivir en normalidad sin tener que transgredir la norma.

Las personas que consiguen un trabajo están en la cúspide del perfil que atendemos. El problema es, en la mayoría de las ocasiones, la situación previa. Muchas veces, la cárcel viene a recoger todo lo que el sistema expulsa y que está en situación de exclusión social extrema.

En los ingresos en prisión podemos encontrar dos perfiles distintos. Por un lado, hay personas para las que la entrada en prisión supone un momento de parada y una oportunidad para acceder a recursos y prestaciones que anteriormente no habían tenido: una cama, asistencia médica, medicación, programas terapéuticos, empadronamiento o la posibilidad de tramitar documentación. En estos casos, la estancia en prisión permite empezar a reparar y reconstruir aspectos que no habían podido ser atendidos fuera de la comunidad. Son personas con las que se puede hacer un proceso y que, posteriormente, pueden acceder a una salida en tercer grado o en libertad con garantías de éxito y resocialización.

Por otro lado, existe otro perfil de personas a las que ni el propio sistema penitenciario consigue llegar. Son personas que quedan excluidas incluso dentro de prisión y que cumplen la condena íntegra, saliendo sin un empleo o sin una situación social y administrativa regularizada. En estos casos, la dificultad es mayor porque la salida de prisión no siempre supone una verdadera oportunidad de cambio.

Por eso, desde nuestra perspectiva en Cruz Roja, es fundamental intervenir desde el momento del ingreso, trabajando con la persona para que pueda asumir la responsabilidad de su vida y dotándola de las herramientas que muchas veces no ha tenido previamente. El objetivo es que pueda salir en una situación mejor de la que entró y con mayores garantías de resocialización.

¿Las medidas coercitivas exclusivas para personas migrantes favorecen la seguridad?

Precisamente, evitar la exclusión social es, realmente, trabajar la seguridad. Es trabajar para que cuando salgan esas personas, salgan en una situación mucho mejor de la que tenían cuando entraron. Es fundamental que puedan acceder a un empleo, tener ingresos económicos o a un alojamiento para vivir de acuerdo con la norma. O intervenimos en proceso de inclusión, o es muy difícil romper ese bucle y eso es lo que genera la inseguridad.